El periodismo boliviano amenazado por el gobierno de Luis Arce

"El periodista que difundiere mensajes que inquieten a la población será sancionado con 25 años de cárcel", dicta uno de los proyectos enviados al parlamento.
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Por: #BorderPeriodismo

Al igual que en Rusia, Venezuela o Cuba, los periodistas de Bolivia están amenazados por dos leyes con las que que podrían encarcelarlos por realizar su trabajo. Los proyectos fueron enviados al parlamento a pedido del presidente Luis Arce y aún deben debatirse.

Según el jefe de Estado, las sanciones se aplicarán a aquellos periodistas y/o comunicadores que produzcan «temor en la población», todo bajo la excusa de proteger los derechos humanos. Ante esta alarmante medida, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) se ha declarado en estado de emergencia.

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«Monitoreamos el entorno para el ejercicio de las libertades fundamentales en nuestro país y hemos expresado en múltiples oportunidades nuestra preocupación sobre los hechos de vulneración a la libertad de prensa y reclamado por la falta de respuesta de las autoridades estatales», expresó la ANPB en un comunicado donde exigieron reunirse con una «delegación de representantes» de sus organizaciones.

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En paralelo, el gobierno que comanda Arce pretende avanzar con al menos uno de los proyectos que dicta: «el periodista que difundiere mensajes que inquieten a la población será sancionado con 25 años de cárcel». «Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno», agrega.

En tanto, el segundo proyecto reduce la condena a 8 años y «no podrán acogerse a la Ley de Imprenta» que prevé el funcionamiento de «tribunales de imprenta» para estas circunstancias a ciudadanos que «cuestionen y discriminen por raza o sexualidad» a un tercero. Lo que dejaría a completo merced a quien fuera acusado, casi sin posibilidad de presentar una defensa.

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Ambos proyectos le dan la razón a Zulema Alanes, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas, quien denunció que la actual situación del periodismo boliviano «es peor que en las dictaduras militares». Sus colegas señalan que «no es la primera vez que el Movimiento al Socialismo (MAS) pone de manifiesto sus pretensiones autoritarias con las que pretende silenciar el trabajo de la prensa, por los que declaramos estado de emergencia a nivel nacional». En referencia al gobierno del ex presidente Evo Morales que había ignorado la Ley de Imprenta cuando llevó a la justicia ordinaria al autor de esta nota en 2016 a pesar de las protestas de las organizaciones de periodistas.

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Debido a los reclamos constantes de los periodistas, el gobierno optó por dejar en suspenso el proceso de aprobación de la ley 280, referida a estos casos, pero mantiene sobre la mesa el debate de la ley 305 que alude a la discriminación. El fundamento del gobierno para dictar estas medidas antidemocráticas es que los periodistas son los enemigos de los «gobierno populares», «se resguardan bajo el pretexto de la libertad de prensa» para criticar a los gobernantes y de esa manera generar malestar en la población.

El proyecto tiene el apoyo de los dos bandos en los que está dividido el partido oficialista, el Movimiento al Socialismo (MAS).

 

 

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