El Tribunal Electoral de la provincia de Salta rechazó las impugnaciones presentadas contra Juan Rosario Mazzone, ex intendente condenado por corrupción de menores en el año 2017, y lo habilitó a ser candidato en las elecciones provinciales que se realizarán el próximo 14 de mayo.
El funcionario reconoció haber participado en «un festejo» en su residencia, y poco más de dos años después (2019) fue condenado a la pena de tres años de ejecución condicional por el delito de corrupción de menores.
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Tras un año en libertad, Mazzone presentó su nombre en el último cierre de listas e hizo oficial su intención de volver a la intendencia del municipio El Bordo, Salta. El exintendente se presentará por el partido «Con Esfuerzo se Puede», una sub-lista que pertenece al Partido Justicialista.
Luego de oficializar su presentación, la localidad de Salta repudió la iniciativa y presentaron varias impugnaciones para impedir que vaya como candidato. Sin embargo, el Tribunal Electoral rechazó las impugnaciones. El fallo se apuntaló en el artículo 1° de la Ley 8275 local: «No podrá ser candidato a cargos públicos electivos provinciales y municipales los condenados por sentencia judicial en segunda instancia mientras dure la condena…».
En la misma línea argumentativa, Pablo Finquelstein, secretario del Tribunal Electoral explicó que «la ley establece dos condiciones. En primer lugar, una condena; y en segundo lugar, que esa condena esté vigente o sea que no se haya cumplido. En el caso de Mazzone, por la fecha en la que fue condenado y el tiempo que dura su condena que es de tres años… En los dos casos, ya sea en la condena en primera instancia o en segunda instancia por el Tribunal de Impugnación. En ambos supuestos, el tiempo de condena está cumplido, por lo cual no hay un obstáculo legal para que el señor Mazzone se presente como candidato en esta elección».
En ese marco, los jueces analizaron el escrito y concluyeron que: «Del propio texto de la norma surge que la prohibición está sujeta al cumplimiento de dos condiciones, la primera, que la persona se encuentre condenada, y la segunda, que la pena impuesta no se haya agotado. Es decir, que no basta el hecho de la condena sino que se exige además que la pena no se encuentre cumplida».
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«Lo cierto es que no cae dentro de las previsiones de la ley y no tiene condena vigente», detallaron al medio Infobae desde el Tribunal salteño. «No agrada que una persona condenada por cualquier delito, menos uno como este relacionado contra la integridad sexual de menores, pueda ser candidato. Genera rechazo, pero lo cierto es que técnica, jurídica y legalmente está en condiciones de participar», agregaron.
RESOLUCION 272-03042023204147 by Border Periodismo on Scribd
Si bien admitieron que su determinación podría ser considerada «poco moral o ética», explicaron que de firmar «en otro sentido, el Tribunal de Salta iba a violar la norma. A pesar de los reparos morales, firmaron la resolución».
Por último vuelven a hacer hincapié en lo mencionado y cierra: «Las consideraciones efectuadas respecto de la calidad ética o moral de una persona no pueden ser evaluadas por este tribunal para impedir su postulación, en el sentido de que pueden crearse requisitos o impedimentos para el ejercicio de los derechos públicos que la ley no prevé ni la Constitución autoriza».
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