El actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, afirmó que el nuevo gobierno va a volver a ser querellante en diversas causas de corrupción que dejaron de ser intervenidas durante la presidencia de Alberto Fernandez.
“Se retiraron durante el otro gobierno. Están asumiendo. Están asumiendo el rol de querellantes en varias causas” afirmó hoy el ministro haciendo referencia a las 30 causas que dejaron de ser intervenidas desde 2019. El ministro ya había adelantado esta situación al plantear que “no hay arreglo ni acuerdo con el kirchnerismo”.
Cuando el estado decide tomar el rol de querellante, como informó Cúneo Libarona este mismo viernes, lo que asume es el rol de acusador en una investigación en particular, a la par de la fiscalía. De esta forma, se les habilitan los expedientes y se les permiten medidas de prueba.
El objetivo reside en presentarse como querellante ante aquellas causas emblemáticas de corrupción, en las que están vinculadas personas como Cristina Kirchner, Lazaro Baez e incluso en las que está imputado el ex presidente Mauricio Macri.
Entre 2020 y 2021, la Unidad Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) resignaron su rol como querellantes de 32 causas que estaban siendo intervenidas. Entre ellas, había algunas bien conocidas como “Hotel Sur” y “Los sauces” en donde se estaban investigando los negocios inmobiliarios y hoteleros de la familia Kirchner.
Otra causa emblemática que tuvo mucho impacto mediático y que estaba siendo intervenida era la de causa “Cuadernos” y casos contra Aníbal Fernandez, Julio De Vido, Jose Lopez y César Milani. Según el ministerio, planean presentarse a las causas grandes.
Antes del mandato de Alberto Fernandez, contaban con un total aproximado de 21 expedientes de las 32 causas, los cuales habían sido ordenados durante la presidencia de Mauricio Macri, bajo la titularidad de Laura Alonso.
Sin embargo, actualmente se encuentran en el proceso de estudio, en donde se empieza a hacer un relevamiento de todas aquellas causas sobre las que quieren empezar a intervenir. Según fuentes judiciales, se organizaron para presentarse ante la justicia y que después sea la Oficina Anticorrupción quién elija los abogados penalistas para llevar adelante la causa.
