Luego de que trascendiera la primera denuncia penal al dirigente social Juan Grabois, líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la intendente de Moreno, Mariel Fernández, apuró la finalización de la obra del Barrio La Perla de unas 160 viviendas.

El Plan Federal tiene su origen en la gestión del ex presidente Néstor Kirchner y el ministro condenado Julio De Vido. El mismo estuvo detenido hasta 2015. Cuando el ex presidente Mauricio Macri y la entonces gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, Nación decidió entregar la obra al Movimiento Evita (ME) y la UTEP. Pero la misma lleva 8 años de demora, aunque los fondos fueron trasladados en forma completa por aquel tiempo.

Este nuevo amague de finalización, contó con la presencia del ex diputado Leonardo Grosso de San Martín y la ex presidenta de Banco Nación y actual funcionaria bonaerense, Silvia Batakis.

La denuncia contra Grabois

El dirigente social Juan Grabois volvió al foco de un escándalo tras una nueva denuncia radicada en su contra en Comodoro Py por malversación de fondos públicos. Esta vez, en la ciudad balnearia de Mar del Plata. Semanas atrás, Grabois había sido objeto de otra denuncia.

En esta nueva oportunidad, el dirigente social fue acusado, junto a otros funcionarios, de haber comenzado la construcción de 64 viviendas en un terreno que había sido donado originalmente para la edificación de escuelas que no fueron finalizadas.

En diálogo con Radio Mitre, el fiscal general Juan Manuel Pettigiani, declaró: “Hay una defraudación al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que creó el expresidente Mauricio Macri destinado para urbanizar barrios populares, porque no se dotó en nada de infraestructura al barrio, y al programa Casa Propia (dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial, hábitat y Vivienda), que está destinado a facilitar la construcción de casas por parte de particulares”.

De acuerdo a los cálculos preliminares, se habrían malversado más de 700 millones de pesos.

Este lunes, Pettigiani solicitó en Comodoro Py, en una causa que quedó sorteada en el juzgado de Julián Ercolini, que se investigue “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y defraudación al FISU” y habló también de las “cajas negras de la política”.

“Acá hay una responsabilidad ineludible por parte de quien resulta responsable de todo esto. En materia penal hablamos del dominio del hecho y el responsables es Grabois, que es quien puso a la secretaria de integración urbana (Fernanda Miño) y quien gestionó el otorgamiento de estos fondos “, indicó Pettigiani.

En su presentación judicial el representante del Ministerio Público Fiscal advirtió que el mencionado complejo de viviendas está ubicado en la avenida Fortunato de la Plaza (ex 39) entre Arana y Goiri, Namuncurá y De Los Inmigrantes.

El terreno cuenta con una superficie de 60.000 mts2 y tiene obras que “están sin terminar y en estado de abandono”.

Pettigiani puntualizó que la investigación tuvo lugar luego de la avanzada que hizo el presidente Javier Milei sobre “las cajas negras de la política y la utilización indebida de los fondos fiduciarios”.

“Nos llevó a analizar lo que sucedía en la jurisdicción de Mar del Plata y nos encontramos que sobre terrenos que habían sido donados con el cargo de construir escuelas en realidad se habían generado allí viviendas”, dijo Pettigiani, y agregó que “en una simple recorrida” por el barrio en cuestión “se da cuenta el abandono en la que está la obra”.

Pettigiani aclaró que la denuncia fue radicada en la ciudad de Buenos Aires, en Comodoro Py, y no en la Cámara Federal de Mar del Plata porque esos fondos desviados “fueron tomados desde dos ministerios nacionales que tienen sede en Capital”, y por ende, “ese es el ámbito donde se tomaron la decisiones delictivas”.

Según el fiscal fueron unas vecinas del cuestionado e inconcluso barrio, e incluso el presidente de la Sociedad de Fomento local, quienes se percataron que la obra en cuestión no era la correspondiente.

En 1894, el comerciante y estanciero Patricio Peralta Ramos, quien era el dueño de esos terrenos, los donó a la provincia de Buenos Aires con el objetivo de que allí se construyeran escuelas. “Entonces, a mediados de 2022, ellos lo denunciaron en su momento ante el Concejo Deliberante de Mar del Plata porque era una barbaridad”, prosiguió Pettigiani.

De acuerdo a la investigación llevada adelante por la fiscalía, en noviembre de 2021 quien era entonces la ministra de Educación bonaerense, Daniela Vila, permitió la cesión de esos terrenos al FISU “en una clara violación de lo que había sido la voluntad de quien donó esas parcelas en su momento”. Según denunció el fiscal, cuando se analizan las actuaciones con las que se llevó adelante esta sesión de uso se encuentra con que “lamentablemente” se afirman cuestiones que son “sumamente preocupantes”, por ejemplo “que las parcelas que estaban alrededor de los únicos tres establecimientos educativos que se construyeron no tenían interés educativo y podían ser desafectadas de esta función”.

Para Pettigiani, “perfectamente podemos hablar” de que existe una asociación ilícita. “El dominio del hecho es claramente Grabois. Encima, sus organizaciones son las que llevaban adelante las obras. Fíjense si no tiene un poder de conducción absolutos sobre los hechos que pedimos que se investigue”, consideró.