La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por cometer crímenes de guerra en el territorio que invadió hace más de un año, Ucrania. El Tribunal considera que Putin «es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (menores de edad) y del traslado ilegal de portación de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa».
Asimismo se emitió una orden de arresto contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, quien se mostró en sus redes sociales trasladando a niños ucranianos.
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«Maria Lvova-Belova es una de las figuras más implicadas en la deportación y adopción de menores ucranianos por parte de Rusia, así como en el uso de campos para ‘integrar’ a los menores ucranianos en la sociedad y la cultura rusas», según el Observatorio de Conflictos del Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale. El escándalo que ubica en el centro de la escena a la funcionaria rusa inició cuando el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, publicó fotos (en un canal de Telegram) de Lvova-Belova con niños ucranianos y bajo la descripción de las imágenes, la promesa de un futuro mejor.
La CPI dijo que su sala de instrumentación encontró «motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de niños ucranianos». La fiscal al frente de la CPI, Karim Khan, declaró este mes, tras una visita a Ucrania, que los presuntos secuestros de niños eran objeto de «investigación prioritaria».
En el mes de septiembre, desde Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido ya habían advertido y sancionado a la funcionaria rusa por participación en los hechos. «Los esfuerzos de Lvova-Belova incluyen específicamente la adopción forzosa de niños ucranianos en familias rusas, la llamada ‘educación patriótica’ de niños ucranianos, cambios legislativos para acelerar la concesión de la ciudadanía de la Federación Rusa a niños ucranianos y la eliminación deliberada de niños ucranianos por las fuerzas de Rusia», afirmaron en ese entonces.
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Estos traslados de menores se dieron gracias a un decreto firmado por Vladimir Putin, en donde facilitó la concesión de la ciudadanía rusa a algunos menores. Además, los investigadores también acusaron al gobierno ruso de cometer posibles «crímenes contra la humanidad».
La deportación, sustracción y adopción ilegítima de menores, ya habría afectado a más de 16.000 niños ucranianos, según denunció la diputada Lesia Zaburanna. La parlamentaria aseguró que, desde el pasado 24 de febrero de 2022, hasta la actualidad, otros 350 niños desaparecieron. «Les cambian el nombre y les lavan el cerebro», aseguró Zaburanna.
La diputada explicó que la mayoría de los niños que son llevados a Rusia son separados de sus padres, a quienes les prometen documentación para resguardarse del conflicto bélico, pero al llegar al territorio ruso, la realidad es otra. «Al menos al 50% de los niños les dan la ciudadanía rusa y les cambian el nombre, lo cual nos dificulta poder identificalos después para devolverlos con sus padres, les aseguran que en Rusia van a estar mejor, les venden una realidad falsa y después son separados de sus padres por la fuerza», detalló.
Por ello, ante las pruebas y las constantes denuncias, la CPI decidió avanzar y emitir una orden de detención inmediata contra Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova.
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