Después del fallo de la Corte Suprema a favor del gobierno de la Ciudad por la coparticipación federal, Alberto Fernández comenzó a combatir al máximo tribunal y lo expone a enfrentar un polémico juicio político. El principal apuntado es el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, que será investigado por su desempeño.
El mandatario convocó hace algunos días a los gobernadores alineados a su gobierno, quienes habrían firmado el acuerdo para enviar la denuncia a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, quienes darán inicio al proceso. A pesar de esto, Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, desmintió al presidente y aseguró que él no firmó nada y que tampoco estaba de acuerdo con aplicar este mecanismo institucional.
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Pero, qué es realmente un juicio político, cuáles son los procedimientos que se deberán seguir y quién fue el último juez destituido mediante este proceso: en esta nota lo respondemos.
QUÉ ES UN JUICIO POLÍTICO
Un juicio político es un método por el cual las máximas autoridades de un país pueden ser destituidas y/o inhabilitadas a ejercer cargos públicos por “mal desempeño” o por “delitos internos o externos a su función pública”. Las figuras que están atadas a este tipo de procesos son el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros del gabinete nacional y, como en este caso, los jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Este juicio público está a cargo del Congreso de la Nación, en primera instancia por la Cámara de Diputados y por último la Cámara de Senadores, quien decide definitivamente si el funcionario es destituido o absuelto.
En este sentido, cabe aclarar que las condenas emitidas por este proceso son meramente políticos, ya que no se producen condenas de prisión y se limitan a la capacidad para ocupar los cargos en cuestión. “Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”, destaca el articulo 60 de la constitución nacional.
Por otro lado, los denunciantes pueden ser tanto un funcionario como cualquier ciudadano.
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El procedimiento
El enjuiciamiento comienza cuando la denuncia llega a la Comisión de Juicios Políticos, allí se determina si la acusación es admisible o no. Una vez determinado esto, cuando la denuncia es admisible, se abre un sumario y se comienza la investigación sobre el tema en cuestión. Cuando se recaba suficiente información, la Comisión emite un dictamen, debiendo contar con la presencia de la mitad más uno de los integrantes. A partir del voto de los 31 miembros, se determinará si el juicio continua en la Cámara baja o si queda sin validez.
La segunda instancia se encuentra tras el arribo de la denuncia formal a la Cámara de Diputados de la Nación, quien ejerce como parte acusadora del proceso y debe contar con una mayoría de 2 tercios de los presentes para continuar con el juicio. En el caso de aprobar el dictamen, la Cámara Baja elige a dos miembros para actuar como representantes frente al Senado.
Por su parte, el Senado recibe en consecuencia la denuncia y vota por la absolución o la destitución del funcionario público correspondiente, siendo esta la última etapa. El resultado del juicio también debe tener el aval de una mayoría de dos tercios de los representantes presentes.
La posición en la que se encuentra el oficialismo
En estos momentos, el oficialismo del Frente de Todos cuenta con 16 de los 31 integrantes de la Comisión de Juicio Político, mientras que el bloque opositor de Juntos por el Cambio tiene 14 representantes. La banca restante pertenece al interbloque Federal. Esto quiere decir que el gobierno podría aprobar sin problema el paso de la Comisión a Diputados, gracias a la mayoría. Sin embargo, en el congreso nacional no corre con la misma suerte, ya que en ninguno de los recintos tiene la mayoría especial necesaria para llevar adelante el proceso.
Los últimos destituidos
Debido a la complejidad del proceso y a las mayorías requeridas constitucionalmente, el Juicio Político no es una herramienta recurrente de los gobiernos argentinos. En los últimos años se recuerdan denuncias como la que se le intentó aplicar al ex juez de la Corte Suprema y difunto Carlos Fayt, que no llegó a instancias finales y frustró los planes de Cristina Kirchner. En este sentido, los funcionarios excluidos de sus cargos por este medio son realmente acotado y debemos remontarnos al 2005 para encontrar el último caso.
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Cada año llegan a la Comisión de Juicios Políticos un promedio de 9 pedidos. En los últimos 5 años, según la web oficial de la Cámara Baja, llegaron 49 solicitudes, la mayoría por “mal desempeño”, y -hasta el momento- ninguna ha trascendido.
En septiembre del 2005 fue la última vez que el Congreso de la Nación destituyó a un funcionario público mediante el denominado juicio político, en medio del primer gobierno kirchnerista, encabezado por Néstor Kirchner. Con las denuncias presentadas años antes, se buscó remover a 5 de los 9 jueces del máximo tribunal que había instalado el ex presidente Carlos Menemx, integrado por Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano.
A pesar de esto, tres de los mencionados (Nazareno, López y Vázquez) dimitieron antes de que comience el enjuiciamiento, evitando la destitución por parte del Poder Legislativo. Por otra parte, el proceso contra el juez O’Connor si llegó a las instancias finales y fue destituido por el Senado a finales del año 2003.
Dos años más tarde, le llegó el momento al juez Boggiano, quien no solo fue destituido, sino que también fue inhabilitado a ejercer cargos públicos de forma indeterminada.
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