Después de una madrugada de fuego y muerte en donde dos personas -ya identificadas- incendiaron 6 autos y una persona murió calcinada en uno de esos vehículos, es momento de preguntarnos si podríamos haber hecho algo para que esto no suceda.
Si bien fueron dos hechos independientes (uno ocurrió en Palermo y otro en Balvanera), ambos tienen un denominador en común: la Justicia está evaluando si los incendiarios padecían de alguna enfermedad mental grave.
Si esa hipótesis se confirma la respuesta a nuestra pregunta será positiva: sí, podríamos haber hecho algo más. Con una eficiente Ley de Salud Mental, quizás, los incendios y la muerte podrían haberse prevenido.
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Esto es así porque las normas y procedimientos que se aplican a quienes tienen problemas de salud mental graves está regida por una ley anti psiquiatría, que le ata las manos a las instituciones médicas y dejan solos a los pacientes psiquiátricos y sus familias.
La ley 26.657 del año 2010 se votó a libro cerrado (sin discusión) y de espaldas a los médicos especialistas y las entidades que los nuclean, según ellos mismos denunciaron en su momento. Sus críticos argumentan que está motivada en mayor medida por razones ideológicas que médicas o profesionales.
La ley propone «desmanicomializar» al paciente psiquiátrico e ilegaliza a las clínicas y hospitales psiquiátricos. Lo malo es que uno de los que más representa ideológicamente a la iniciativa, el gobernador Axel Kicillof, ni siquiera puede pronunciar la palabra y da por hecho que toda clínica u hospital psiquiátrico es un oprobioso manicomio.
Las dificultades para pronunciar del Gobernador son anecdóticas, aunque no por eso menos representativas. La ley que obliga a la eliminación de las clínicas y hospitales psiquiátricos en el 2020 ya es un hecho en la provincia de Buenos Aires (luego de una resolución del ex ministro Daniel Gollan durante la pandemia), a pesar de que según denunciaron los médicos y trabajadores del sector el sistema todavía no está preparado.
La actualización de la ley era necesaria. Tanto la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina tienen rango constitucional, así como documentados informes de la Organización Mundial de la Salud que dan cuenta de violaciones a los Derechos Humanos en los servicios de salud mental lo recomiendan.
Pero esto no se puede hacer de cualquier manera. Porque para soportar el nuevo sistema la propia ley ordenaba que las partidas presupuestarias destinadas a salud mental deberían aumentar hasta alcanzar un mínimo del diez por ciento del presupuesto de salud.
Esa obligación legal nunca llegó a cumplirse, denunciaron los trabajadores del sector, y dejó desamparados y solos a los enfermos mentales graves (los que son un peligro para sí mismos y para los demás) y a sus familias, que perdieron las estructuras que los podían ayudar.
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Hay ejemplos recientes de familiares de personas públicas que dan cuenta de ello, como los testimonios de la madre de Chano Charpentier o de la hermana de Felipe Pettinato, sólo por dar dos ejemplos. En una breve declaración, la mamá de Chano pidió por “las mamás de todos los Chanos que piden ayuda y no tiene respuesta”. Y acá también la ley es el problema. Allí se habla acá del “carácter restrictivo” que tienen las internaciones, lo que las hace muy difíciles y a veces imposibles, aunque los pacientes estén en un real peligro.
A partir de esa ley todos los pacientes psiquiátricos, incluso los graves que pueden representar un peligro para ellos y para terceros tienen que ser atendidos y eventualmente internados en “hospitales generales”. Pero por las mencionadas razones presupuestarias esos hospitales todavía no estarían preparados para alojarlos eficientemente.
Otro ejemplo: el 13 de noviembre del 2014 murieron en el Hospital Posadas el camillero Emanuel García y el paciente Ariel Morisse. Ambos cayeron desde el último piso del hospital cuando Emanuel intentaba salvar a Ariel quien intentaba suicidarse. Ariel había sido llevado un día antes por sus familiares al hospital con una crisis psiquiátrica aguda.
En la prohibición de clínicas u hospitales psiquiátricos se da el contrasentido que mientras puede existir una clínica para pacientes pediátricos, cardíacos o de cualquier otra especialidad médica, quedan prohibidos los hospitales y clínicas psiquiátricas, para enfermos que necesitan de cuidados muy específicos.
La ley dispone el aumento de recursos para que los hospitales generales puedan absorber la atención de los pacientes psiquiátricos. Pero eso nunca se cumplió, denunciaron las entidades médicas del sector. Hay una tendencia por parte de los legisladores de creer que la realidad cambia automáticamente cuando se sanciona una ley. Pero no es así. Una cosa son palabras escritas en un papel y otra muy distinta la realidad.
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Como pasa con la discusión sobre qué hacer con los delincuentes, en este tema médico se cuela la ideología. Allí tienen mucha influencia una serie de pensadores que equiparan a las instituciones de salud mental con las cárceles, y que entienden que ninguna de las dos instituciones soluciona ningún problema, sino que son instrumentos de control social por parte del poder capitalista.
Es una ideología de la década del setenta que cobró fuerza en Francia de la mano del genial Michael Foucault. Ideas de las que abreva en Argentina Eugenio Raúl Zafaroni para explicar el abolicionismo penal y que termina adoptando con otros fines el gobernador Axel Kicillof, aunque a él no le salga, ni siquiera, decir la palabra “desmanicomialización”. Tan dramático puede resultar el derrape de algunas ideas en la Argentina.
Una de las consecuencias de toda esta ideología es que crea un sistema “anti-psiquiatría”. Para esta ideología los psiquiatras y la psiquiatría son una herramienta de “control social” cuyo objetivo es encerrar en “manicomios” a todos los distintos, a todos los disidentes y a cualquiera que no encaje perfectamente con el orden social establecido.
Los que no quieren encarcelar a quienes cometen delitos, son los mismos que no quieren internar a quienes lo necesitan. Y todo esto tiene mucho impacto en la vida de los enfermos y de sus familiares que buscan ayuda que nadie le da, por causa de una ley, que -paradójicamente- dicen fue creada para protegerlos .
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