Un ex senador bonaerense que accedió al cargo en una lista de Unión Celeste y Blanco (luego Unión-Pro, el sello utilizado por Francisco de Narváez y Mauricio Macri en 2009) intentó evitar el inicio del juicio oral que lo tiene acusado de graves delitos contra la administración pública. Presentó un certificado médico de dudosa legalidad en el que se detalla varios problemas de salud, pero la fiscal de juicio solicitó que sea analizado por médicos de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires quienes le dieron el visto bueno sanitario y lo devolvieron a la sala de audiencias en el fuero Correccional de La Plata.
A raíz de esto el comienzo de la audiencia se vio interrumpido. Desde muy temprano los testigos esperaron para contar su verdad. Recién cumplieron con su obligación ciudadana en las primeras horas de la tarde.
Así el exsenador bonaerense Antonio Armando Nieto (69) es juzgado en La Plata desde este martes 16 de mayo por 39 casos de fraude en perjuicio de la administración pública que se cometieron entre los años 2008 y 2011 en perjuicio del erario provincial. Junto a él están también procesados su hijo Leonardo Damián Nieto, el dirigente Alfredo Fabián Digiano y la presunta puntera y peluquera de nacionalidad paraguaya, María Lorenza Santa Cruz Franco.
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El principal acusado nació el 21 de octubre de 1953. Fue electo Senador provincial por el partido Unión Celeste y Blanco en representación de la Tercera sección electoral (La Matanza) en 2007. Fue nombrado vicepresidente de las comisiones de Organización Territorial y Vivienda, Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo Humano y Vocal en las comisiones de Obras y Servicios Públicos, Hacienda, Trabajo y Legislación Social, Igualdad Real de Trato y Oportunidades, Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Técnica y Presupuesto e Impuestos.
Según dio por acreditado en el expediente penal el exfiscal de Investigaciones Complejas de La Plata Jorge Paolini el “entonces senador de la Provincia de Buenos Aires por el partido Unión Pro -luego, Unión Celeste y Blanco-, con la colaboración necesaria -primero- del secretario administrativo del bloque partidario de mención y de una mujer allegada a este último, y -luego- de uno de sus hijos quien también asumiera la función de secretario de bloque, defraudó a la administración pública provincial en al menos 39 ocasiones, mediante el cobro de importantísimas sumas de dinero liquidadas en favor de distintas personas que nunca prestaron funciones en el Honorable Senado de la Provincia”.
En la primera audiencia declararon personas a quienes les robaron sus datos personales para confeccionar los contratos fantasmas y confirmaron la maniobra que apunta directamente al ex legislador. Esto puso contra las cuerdas al ex dirigente político que cuenta con la defensa del abogado y ex juez Federal, Daniel Llermanos. El resto de las defensas están en manos de los abogados Christian Romano y Marcelo Peña.
Según se estableció en el expediente al que accedió Borderperiodismo, la maniobra generó “un perjuicio patrimonial, al Erario Público Provincial por una suma superior a los dos millones y medio de pesos”, se determinó en la causa penal. Entre los años 2008 y 2011 el valor promedio del dólar oficial era de $3,75. En esta causa el fraude en perjuicio de las arcas del Estado provincial, en moneda dura, asciende a más de 660 mil dólares.
El ardid consistió en obtener datos personales de ciudadanos bajo promesa de obtener una ayuda económica o una afiliación a la obra social IOMA. En ese marco las personas que resultaron engañadas aportaron sus datos personales con los que luego se confeccionaron nombramientos laborales en el Senado provincial con el objetivo de apoderarse de los salarios asignados.
En la instrucción se determinó que con los datos filiatorios de esas personas, el senador Nieto “elevaba al Presidente de la Cámara las propuestas de designación en la modalidad Bloque Político a sabiendas de que ninguno de ellos habría de prestar funciones en calidad de empleados del Bloque”.
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Los datos utilizados por el ex legislador para efectuar las propuestas, “en algunos casos eran obtenidos por una mujer de origen paraguayo y dueña de una peluquería” en referencia a María Lorenza Santa Cruz Franco, “a instancias del secretario administrativo del Bloque Unión Pro designado en primer término”, Alfredo Fabián Digiano.
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Santa Cruz Franco se hacía de datos de personas de su conocimiento, “a quienes acompañaba a confeccionar los respectivos legajos al edificio Anexo del Senado de la Provincia, sito en calle 48 nro. 692 de La Plata, donde funciona la oficina de personal de la Cámara, oportunidad en que, en algunos casos, era ella quien retenía las tarjetas de débito expedidas a nombre de los supuestos contratados”, se detalla en el requerimiento de elevación a juicio.
Pero también existió otra maniobra fraudulenta que consistió en aprovecharse “que las tarjetas de débito de los empleados designados del modo antes descrito, eran giradas desde el Banco Provincia de Buenos Aires al edificio del Anexo del Senado, -siendo ésta una modalidad de entrega utilizada por defecto, cuando no se consignaba el domicilio real del titular de la cuenta-, era el propio secretario administrativo de bloque, quien retenía los plásticos, una vez entregados en las oficinas del Senado Provincial”.
En la causa se identificaron los nombres de las personas engañadas cuyos datos se mantendrán en reserva. El expediente cuenta con abundante prueba que fue valorada, ponderada y validada para que el expediente llegue a la instancia de juicio oral. Entre ellas se detallan informes oficiales del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la obra social IOMA, de empresas de telefonía, del propio Senado provincial y de la AFIP –entre otros organismos– que fueron requeridos por los investigadores. También declararon trabajadores de carrera del Senado provincial quienes dieron cuenta de cómo eran entonces los procedimientos para la designación del personal de los distintos bloques políticos.
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Para el fiscal Paolini se tratan de 39 delitos distintos, es decir 39 casos en concurso real, cada nombramiento de persona es una transgresión a la norma, pero en su elevación a juicio la jueza de Garantías Marcela Garmendia hizo una observación. Consideró que se trataba de un mismo delito continuado, es decir 39 hechos en concurso ideal.
Esta diferencia es central ante la pena en expectativa. Si la jueza Correccional a cargo de debate, Claudia Greco, se inclina por la primera de las opciones los acusados tienen un destino seguro tras las rejas, pero si opta por la segunda, uno de los escenarios posibles es una pena sumamente inferior que podría ser de prisión en suspenso.
La acusación en ese debate está en manos de la fiscal de juicio Victoria Huergo, una de las fiscales más especializadas en delitos contra la administración pública en la provincia de Buenos Aires.
El caso está técnicamente encuadrado como «fraudes reiterados en perjuicio de la Administración Pública – al menos 39 hechos- en concurso real entre sí, a razón de uno por cada persona cuyos datos fueran utilizados para realizar las extracciones a su nombre-, ello en los términos de los artículos 174 inciso 5 -en relación al 172- y 55» del Código Penal.
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