Una durísima medida de fuerza del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA) tiene liberadas hace cinco días todas las estaciones de peaje de AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S.A.), la concesionaria estatal que administra la autopista Buenos Aires-La Plata y las rutas a la costa Atlántica. La acción de este gremio referenciado con Facundo Moyano es radical: incluye todas las cabinas de operación manual y telepase, las 24 horas, en toda la traza, para todo tipo de vehículos. Y tiene como objetivo la renuncia del presidente de la empresa, Ricardo Lissalde.
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El paro se traduce según la empresa en una pérdida de $20.000.000 por día en recaudación. Con esta estimación, desde el miércoles, la Provincia ya se habría perdido de recaudar unos $100.000.000. Pero lo delicado es el cuadro en que se inserta esta medida de fuerza. Porque, sin ningún paro, AUBASA tiene un déficit operativo crónico propio de $350.000.000 por mes, que cubre la Provincia de gasto corriente para pagar salarios.
AUBASA parece así un ejemplo de que el gobierno bonaerense no anda agarrando la calculadora ni haciendo balances, algo de lo que se jactó la semana pasada Axel Kicillof al inaugurar una obra de gas en un pueblo de Pergamino, al norte provincial. “Lo digo sin ningún prurito: hacemos obras no rentables, no tenemos la calculadora ni analizamos un balance”, dijo ese día el gobernador. Según datos oficiales, AUBASA pierde $350 millones al mes por su modo de funcionamiento. Y esto ocurre aunque tiene en su órbita una autopista que transitan 200.000 vehículos por día en promedio, contando todos los peajes.
Uno de los problemas son las tarifas. Aunque hubo un aumento del 40% hace un mes, hoy hacer Buenos Aires-La Plata cuesta $100, menos de un tercio que otros accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Otro ejemplo: por el Sistema Vial Integral del Atlántico (rutas 2, 11, 56, 63 y 74) pasan unos 35.000 vehículos por día, en promedio, y el peaje más caro sale $150 los días hábiles. Para colmo, el grueso de los pasantes es gente que vive en pueblos de esa zona y accede por ello a una tarifa diferenciada: los residentes en todos los distritos del corredor atlántico pueden pagar solo el 5% de la tarifa. Hoy alguien que vive en Chascomús o Lezama paga apenas $7,5 de peaje.
El tema es delicado en un contexto electoral, pero la situación no da para más. El viernes, el ministro de Infraestructura de Axel Kicillof, Leonardo Nardini, publicó en el Boletín Oficial la convocatoria a una audiencia pública para revisar otra vez las tarifas de AUBASA. La audiencia se hará el 21 de octubre próximo. Fuentes de AUBASA dicen que el retraso tarifario actual ronda el 300%.
Una década atrás, era un privado el que explotaba la autopista a La Plata, no invertía demasiado en ella y hacía su negocio. Ahora la opera la provincia, que pierde mucha plata y la sigue teniendo en estado deplorable. El deterioro de esta autopista es llamativo. En ambos sentidos, tiene todo tipo de baches, parches y roturas. Su iluminación es pobre, faltan banquinas y la falta de mantenimiento es evidente para cualquier usuario.
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La situación dista bastante de los objetivos con los que se creó AUBASA en 2013: “velar por el resguardo y seguridad de los usuarios” y “brindar un servicio de calidad y eficiencia”. Esto se dio en el marco de un plan provincial para “incrementar las condiciones de seguridad vial” y se plasmó en un decreto del exgobernador Daniel Scioli. En 2016 la empresa pública provincial asumió también la explotación del corredor atlántico. Y aún tiene pendiente explotar la ruta provincial 6, deteriorada al extremo también y con trabajos de iluminación en curso.
EL CONFLICTO
El conflicto entre los peajistas y Kicillof empezó hace un año, con reclamos de recomposición salarial e indumentaria de trabajo, entre otros. Esto fue ni bien asumió Ricardo Lissalde como director titular y presidente del directorio de en AUBASA. Lissalde es un escribano de Saladillo que fue diputado provincial (Frente Renovador). Su antecesor en AUBASA fue Javier Osuna, intendente de General Las Heras, también del massismo.
El último miércoles, el SUTPA levantó las barreras de las cabinas de peaje de toda la traza. Además, bloqueó las lectoras de cobro electrónico, para cortar toda recaudación. Pusieron pasacalles y carteles que dicen “Fuera Lissalde”. Colgaron guirnaldas blancas. Tienen tomada la cartelería digital, donde se leen mensajes como “Lissalde precariza”. Y acompañaron la medida de fuerza con una campaña de comunicación fuerte en Twitter, donde van subiendo videos de trabajadores que cuentan su historia:
El paro es por tiempo indeterminado. Le reclaman a Lissalde una mesa de negociación para discutir sobre puestos de trabajo y condiciones laborales ante una reconversión tecnológica. Le achacan también cuestiones que van desde episodios de “acoso laboral” y “amenazas”, hasta “despidos sin causa”, en un comunicado extenso donde lo llegan a calificar de “misógino”. La secretaria general del SUTPA es Florencia Cañabate y su secretario adjunto es Facundo Moyano.
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Los trabajadores también apuntan al balance de la empresa. En el comunicado comparan que en 2019, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, AUBASA “fue superavitaria por $1.000 millones de pesos”, y ahora tiene un déficit de “$500 millones”, debido a “la falta de gestión y de entendimiento de la actividad”. La empresa tiene unos 2.000 empleados.
AUBASA se defendió con un comunicado propio. Plantea que “viene cumpliendo de manera estricta con las obligaciones salariales” y “con las contribuciones y aportes al Sindicato, a la obra social y a la Mutual, a pesar de las dificultades, y devenidas de las negociaciones paritarias entre las partes, y por ello entiende que no existen motivos que justifiquen un conflicto de esta magnitud, que causan daños irreparables (…). La gestión mantiene abierto el diálogo con las entidades sindicales, en distintas instancias de participación, en procura de fortalecer el capital humano de la empresa y en respeto de los derechos laborales”.
Algunas fuentes interiorizadas en el conflicto señalan que una disputa subterránea importante, que no aparece en la superficie del conflicto, tiene que ver con el control de servicios conexos al cobro de peaje, tales como el corte de pasto en el área de la ruta 2.
El jueves, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria e intimó a los empleados a prestar los servicios con normalidad, pero esto no ocurrió. Los trabajadores continúan sobre las rutas en estado asambleario y todos los vehículos pasan sin pagar. En la tarde de este lunes hubo una audiencia con el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero fracasó rápidamente. No hubo acuerdo entre las partes y se convocó a una nueva reunión para mañana martes a la mañana. El conflicto político que reúne a Moyano, Massa y Kicillof crece.
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