Desde el 10 de enero, los incendios en Corrientes suman ochocientas mil hectáreas quemadas, familias desplazadas, animales carbonizados y enormes pérdidas económicas, mientras funcionarios provinciales y nacionales se lanzan acusaciones. Todavía no se conocen con certeza las causas. El propio gobernador Gustavo Valdés dejó entrever el domingo por la noche la posibilidad de un «inicio intencional» de la catástrofe. Mientras eso sigue en un manto de sospechas basadas en hipótesis de las propias víctimas, la verdadera duda es si la magnitud de este incendio podría haberse evitado.
Emilio Spataro, licenciado en Gestión Ambiental y referente de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu), dialogó con #BORDER sobre un aspecto menos explorado de la crisis correntina: se pudo evitar, pero lo impidió un combo de “desidia” y mala gestión.
Corrientes fue declarada “zona de desastre climático y ambiental”: el Grupo de Recursos Naturales del INTA calculó que, al 16 de febrero, ardieron 785 238 hectáreas, un 9 % de la provincia. Mientras las llamas queman unas treinta mil hectáreas por día, para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), el año se detuvo el 27 de enero, cuando reportó que en Corrientes se incendiaron sólo dos durante 2022. No es olvido o falta de información, dice Spataro, sino “la más absoluta desidia e irresponsabilidad política”.
Incendios sin control: ¿cómo se desfinanció la prevención contra el fuego?
El ambientalista es categórico: “Tanto la provincia como la nación han tenido la información suficiente y necesaria, producida por el sector académico argentino y los institutos especializados, de que en Corrientes se estaba gestando una tragedia”. En poco más de un mes, se quemó casi la misma cantidad que en todo 2021.
Tras dos años de sequía extrema, altas temperaturas y acumulación de vegetación seca en los campos, “hubo tiempo suficiente” para evitar el desastre que ya habían sufrido Córdoba, la Patagonia y el delta del Paraná, afirma Spataro. Era un tiempo valioso para “crear comités de crisis departamentales, equipar a los bomberos voluntarios y preparar más; utilizar la pauta publicitaria para difundir el riesgo, crear cortafuegos y exigir a los propietarios privados que adaptaran sus manejos”.
La catástrofe desde adentro
Con cerca de catorce focos de incendio activos, la situación sigue siendo muy crítica, especialmente en el Paraje Yerbalito, que pertenece al Parque Provincial Iberá. Con un despliegue de cuatro mil personas –incluyendo voluntarios y sector privado–, los esfuerzos se concentran en proteger a los habitantes de zonas rurales y salvar las especies afectadas.
El 11 de enero, organizaciones socioambientales, bomberos y otros sectores crearon la asamblea «Basta de Quemas» para reclamar mayor acción al Gobierno provincial, que ignoró esta “alerta temprana”, como la llama el referente.
Hoy, las escenas dramáticas se multiplican, pero también la solidaridad: “Los pobladores lo han dado todo tratando de contener y apagar los fuegos, ayudar a salvar las casas de los vecinos, los animales. Vemos escenas de mucho heroísmo”, cuenta Spataro.
Según el referente de ReNaHu, la ley de humedales podría haber dado herramientas para la participación, pero el Gobierno de Eco+Vamos contribuyó a frenarla “por pedido de los arroceros, los forestales y la Sociedad Rural”. El Frente de Todos no es menos responsable porque “no hizo nada para empujar la ley” y tampoco hace “absolutamente nada” para prevenir los incendios.
Desde su óptica, ambos apuestan a una conservación basada en “áreas protegidas estrictas”, incapaces de garantizar la salud de un ecosistema mucho más amplio, mientras que “del otro lado del alambrado de ese límite artificial” los empresarios ganaderos, arroceros y forestales pueden “hacer lo que quieran con el territorio, inclusive en tierras fiscales”.
Donde hubo fuego…
La crisis correntina generó acusaciones en torno a los recursos para combatir las llamas. Mientras Cabandié habla del “robusto presupuesto” del SNMF –al que se agregaron $ 4000 millones por una alícuota en pólizas de seguro–, Orlando Romero, subdirector de la Dirección de Información Pública del Gobierno correntino, le dijo a Borderperiodismo que la provincia debió afrontar con sus propios medios el primer tramo de los incendios.
Aunque la ayuda nacional “llegó un poco tarde”, el responsable de prensa afirma que “ahora sí hay mucha gente y equipos de todos lados”, incluida la visita del ministro de Agricultura Julián Domínguez. Romero puntualiza que “la nación giró $ 200 millones para la emergencia agropecuaria, y $ 100 millones para los incendios. Cuatro aviones hidrantes, cuadros y equipos de las Fuerzas Armadas».
A esto, se suman las decenas de provincias que enviaron socorristas, autobombas y medios aéreos, y en las últimas horas “también llegó ayuda desde el Brasil, enviada por el presidente [Jair Bolsonaro] y el Gobierno de Río Grande y San Borja”, agrega el vocero.
Para Spataro, la disparidad entre los listados con recursos más bien discretos del SNMF publicados por el ministro y el “abultado presupuesto” del que habla se explica porque, como pasó en 2021, “el aumento del presupuesto de determinado programa no garantiza la ejecución del mismo” ni se transforma en acciones “si no hay decisión política”.
Tras cincuenta días de idas y vueltas, en declaraciones a Radio Mitre Valdés dio por cerrado el intercambio con Cabandié. Según recogió Borderperiodismo, el gobernador ahora tiene «diálogo directo» con el presidente Alberto Fernández, quien comprometió más ayuda.
La relación entre Valdés y Cabandié se caldeó cuando el titular de Ambiente instó al gobernador a “seguir los pasos” del jujeño Gerardo Morales y crear una brigada forestal provincial. El radical tildó la actitud de “miserable” y mencionó los recursos que debió contratar ante la falta de ayuda nacional: “No viene a la provincia, no se ofrece a dar una mano”.
Cabandié contraatacó: afirmó que Valdés tardó dos semanas en recibir la ayuda ofrecida, y el viernes 18 viajó a Corrientes para sobrevolar las zonas afectadas junto a Sergio Federovisky. Desde allí, el ministro depositó expectativas en las lluvias anunciadas para el lunes, aunque reconoció que “no se puede asegurar” que sofoquen el incendio. Al momento del cierre de esta nota, ya había comenzado a llover en algunas zonas de la provincia.
Ambas gestiones apuntan a las “quemas controladas” de pastizales, que en plena sequía aumentan el riesgo y la intensidad de los incendios. Ambiente hará una denuncia penal al respecto este lunes. Para Spataro, debe cumplirse la ley de fuego para impedir que esos bosques y humedales incendiados se incorporen a la producción ganadera o forestal.
Entre chicanas y tuitazos con pedidos de renuncia, ambos están en el ojo de la tormenta: Cabandié por su manejo de incendios y su autorización a la exploración sísmica de hidrocarburos en aguas ultraprofundas del mar argentino, y Valdés por no haber suspendido sus vacaciones en Punta del Este cuando surgieron los primeros focos.
“Apagar el fuego y cambiar de rumbo”
Aunque aún no se calculó la dimensión total del desastre, se sabe que las llamas destruyeron esteros, bañados, pastizales y malezas, hábitat de especies en peligro como el aguará guazú, el venado de las pampas y el yetapá de collar, cuenta Spataro. Además, la fertilidad de los suelos está seriamente amenazada, con riesgo de erosión y compactación.
Aunque el fuego es parte de la dinámica ecológica, la intensidad y la magnitud de los incendios actuales indican que no se trata de algo natural o una mera práctica cultural a pequeña escala, como realizan los pobladores de los Esteros del Iberá, un sitio Ramsar de importancia internacional.
La falta de enfoque social y la visión de “conservación estricta”, insiste Spataro, lleva a la persecución de comunidades. Lo paradójico es que las áreas donde se les prohibió el fuego “acumularon vegetación seca, el combustible para todo este desastre”.
“Hay que apagar el fuego y cambiar de rumbo”, opina Spataro. El “mejor negocio” para Corrientes es un paradigma que incluya “la ley de humedales, el ordenamiento territorial y la prioridad hacia la restauración”. Y concluye: “Si insiste en volver a la situación previa de desidia estatal, entrega del territorio a las corporaciones y esa visión binaria de extractivismo-conservación estricta, seguramente en un par de años vamos a volver a tener una tragedia”.
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